Una nueva crisis diplomática sacude la región. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, desmintió categóricamente este martes 17 de marzo de 2026 las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien acusó a las fuerzas ecuatorianas de realizar bombardeos en territorio de Colombia.
“Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, enfatizó Noboa a través de sus canales oficiales. El mandatario ecuatoriano aclaró que, si bien se han ejecutado operaciones aéreas, estas se concentran en la provincia fronteriza de Sucumbíos, dirigidas contra campamentos de grupos narcoterroristas que, según Noboa, operan con permisividad en el lado colombiano.
La tensión escaló luego de que Petro afirmara que se halló un artefacto explosivo sin detonar (presuntamente una bomba MK-82 de 500 libras) en el departamento de Nariño. Además, el mandatario colombiano mencionó, sin presentar pruebas definitivas hasta el momento, el hallazgo de 27 cuerpos calcinados, asegurando que la explicación oficial de Ecuador «no es creíble».
Riña política y refugio de prófugos
Noboa no se limitó a la defensa militar. En su respuesta, acusó al gobierno colombiano de dar refugio a familiares de alias «Fito» y cuestionó el reciente traslado de la excandidata Luisa González a Colombia en pleno toque de queda en Ecuador.
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Ecuador ratificó que las operaciones cuentan con cooperación internacional (Estados Unidos) y que se mantendrán firmes para «limpiar» la frontera de las disidencias de las FARC y otros grupos criminales.
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Esta escalada militar no surge en el vacío. La relación diplomática entre Quito y Bogotá se fracturó a inicios de 2026, cuando el Gobierno de Daniel Noboa oficializó una «tasa de seguridad» del 50% a más de 400 productos importados desde Colombia.
Esta medida, justificada por el régimen ecuatoriano como una necesidad para financiar el conflicto armado interno, provocó bloqueos masivos en el Puente Internacional de Rumichaca y fuertes reclamos de la administración de Petro, quien calificó la tasa como una violación a los acuerdos de la Comunidad Andina (CAN). Para muchos analistas, la actual disputa por los bombardeos es el capítulo más crítico de una tensión que empezó en el bolsillo de los comerciantes fronterizos.