La cantante colombiana Shakira consiguió una importante victoria judicial en España luego de que la Audiencia Nacional ordenara a la Hacienda española devolverle cerca de 60 millones de euros por impuestos y sanciones que fueron cobrados de manera indebida.

Una historia de 8 años

El fallo llega después de ocho años de disputas legales entre la artista y la Agencia Tributaria española, entidad que sostenía que la intérprete ya tenía residencia fiscal en España durante 2011 y, por lo tanto, debía tributar en el país por los ingresos obtenidos durante su gira internacional de ese año.

Sin embargo, el tribunal concluyó que Hacienda no logró demostrar que Shakira permaneciera el tiempo suficiente en territorio español para ser considerada residente fiscal. De acuerdo con la legislación española, una persona debe permanecer al menos 183 días al año en el país para adquirir esa condición. No obstante, la Audiencia Nacional determinó que únicamente pudo acreditarse la presencia de la cantante durante 163 días.

Además, la defensa de la artista argumentó que en ese período mantenía su residencia oficial en Bahamas, pese a que sostenía una relación sentimental con el exfutbolista español Gerard Piqué y pasaba largas temporadas en España.

Pruebas que valen una victoria

Durante la investigación, la Agencia Tributaria recopiló información sobre gastos personales, eventos públicos y publicaciones en redes sociales de la cantante con el objetivo de demostrar que desarrollaba gran parte de su vida privada y económica en territorio español. Aun así, el tribunal consideró que esas pruebas no resultaban suficientes para confirmar la residencia fiscal de la artista.

Tras conocerse la resolución, Shakira reaccionó mediante un comunicado en el que defendió su actuación durante todo el proceso judicial.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”, expresó la cantante.

Este nuevo fallo representa uno de los capítulos más relevantes en la extensa batalla legal que la artista ha enfrentado con Hacienda española en los últimos años y marca un precedente importante sobre la interpretación de la residencia fiscal en casos de figuras internacionales con actividad en varios países.