La Asamblea Nacional aprobó este 30 de marzo de 2026 una reforma legal para incentivar la construcción de viviendas de interés social. El proyecto recibió 83 votos a favor y fue tramitado como urgente en materia económica.
La norma modifica la Ley de Régimen Tributario Interno. Con este cambio, empresas y personas naturales podrán acceder a una rebaja en el Impuesto a la Renta si donan viviendas de interés social o recursos para financiarlas. El beneficio podrá llegar hasta el 100 % del valor donado, pero tendrá un tope del 30 % del impuesto causado y no dará derecho a devolución.
Según lo expuesto durante el debate, la reforma busca atraer inversión privada para reducir el déficit habitacional. En la sesión se mencionó que cerca de 720.000 familias no tienen una vivienda digna en el país. La ley también incluye a hogares que requieren un subsidio parcial y que pueden completar el financiamiento con crédito.
El texto aprobado también amplía las posibilidades para ejecutar los proyectos. La construcción podrá realizarse en terrenos del Estado, en predios donados al Estado y en terrenos propios de las familias beneficiarias. Además, el ente rector de hábitat y vivienda deberá publicar cada año un catálogo de necesidades para priorizar las zonas con mayor pobreza, déficit habitacional y necesidades básicas insatisfechas.
Para acceder al incentivo, los donantes deberán firmar convenios con el ente rector de hábitat y vivienda. El proceso deberá respaldarse con actas de entrega o escrituras públicas, según el caso. La ley señala además que el beneficio tributario regirá entre los períodos fiscales de 2026 y 2029.
Durante el debate también hubo cuestionamientos. Legisladores de la Revolución Ciudadana votaron en contra y señalaron que la medida podría reducir ingresos fiscales y favorecer más a quienes ya tienen capacidad económica para tributar. Uno de los críticos fue Ricardo Patiño, quien sostuvo que el Estado podría impulsar vivienda social sin recurrir a este tipo de incentivos.
Desde la bancada oficialista, en cambio, se defendió la propuesta como una herramienta para ampliar soluciones habitacionales y mover sectores vinculados a la construcción. Ese contraste marcó el debate del proyecto en el pleno.
La reforma entrará en vigencia una vez que se publique en el Registro Oficial. Después, el Servicio de Rentas Internas y el ente rector de hábitat y vivienda deberán emitir la normativa secundaria para su aplicación.