Los fotorradares en Ecuador han pasado de ser una medida prometedora para reducir accidentes viales a un foco permanente de controversia, protestas y polarización política. Estos dispositivos, diseñados para detectar excesos de velocidad en carreteras y vías urbanas, generaron millones en multas pero también acusaciones de abuso, colocación estratégica para maximizar recaudación y contratos irregulares.
Bajo el gobierno de Daniel Noboa, la mayoría han sido suspendidos o clausurados desde 2024, en un contexto donde las muertes por siniestros viales aumentaron notablemente en 2025. Este artículo analiza su trayectoria, centrándose exclusivamente en los fotorradares de carretera, su implementación, las resistencias sociales, su uso como arma política —especialmente contra Jan Topic— y las perspectivas en marzo de 2026.
Historia de los Fotorradares en Ecuador
La introducción masiva de fotorradares en Ecuador comenzó en la década de 2010, durante el gobierno de Rafael Correa, como parte de una política de control de velocidad para disminuir la alta tasa de mortalidad vial —más de 3.000 fallecidos anuales en promedio—. Los primeros contratos se adjudicaron a consorcios privados para instalar y operar estos dispositivos en vías principales como la Panamericana, la E35 y accesos a ciudades grandes.
En 2017, bajo Lenín Moreno, se expandió su uso mediante convenios con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y mancomunidades de gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Empresas como Ecuatransit y Seviecu operaron decenas de equipos, alcanzando picos de más de 300-400 fotorradares activos en carreteras estatales y provinciales hacia 2021-2023.
Durante el gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), se firmaron nuevos contratos en 2023 para reemplazar y ampliar la red, pero estos generaron denuncias por sobrecostos, falta de calibración adecuada y colocación en zonas de curva o con límites ambiguos. La CTE llegó a reportar ingresos millonarios por multas, aunque críticos argumentaron que el enfoque era recaudatorio más que preventivo. Hasta 2023, los fotorradares registraron cientos de miles de infracciones anuales, con multas que oscilaban entre USD 60 y USD 400 por exceso de velocidad.
Protestas Contra los Fotorradares en Ecuador
Desde su expansión, los fotorradares en Ecuador enfrentaron rechazo ciudadano. En octubre de 2019, durante el paro nacional contra las medidas económicas de Lenín Moreno, manifestantes destruyeron o dañaron decenas de dispositivos en carreteras, especialmente en la Sierra y Costa, como expresión de hartazgo con las multas acumuladas.
El descontento persistió en años posteriores. Transportistas, taxistas y conductores particulares denunciaron que muchos fotorradares aparecían en lugares «sorpresivos», con límites de velocidad mal señalizados o calibraciones defectuosas que generaban sanciones por apenas 5-10 km/h por encima del límite. En provincias como Imbabura, Carchi, Los Ríos y Guayas, gremios como FENACOTIP organizaron plantones, cubrieron equipos con bolsas y bloquearon vías en 2023-2024 para exigir su eliminación.
En 2024 y 2025, las protestas se intensificaron con el aumento de siniestros viales tras suspensiones parciales. Conductores argumentaron que los fotorradares no reducían accidentes de forma significativa —muchos ocurrían por otros factores como fatiga o mal estado de vías— y que su ausencia no había disparado la mortalidad de manera desproporcionada en zonas sin control previo. Organizaciones de transporte pesado y cooperativas interprovinciales lideraron campañas contra los «radares extorsionadores», logrando fallos judiciales temporales que suspendieron multas en varias provincias.
El Rol Político de los Fotorradares en Ecuador: El Caso de Jan Topic
Los fotorradares en Ecuador se convirtieron en munición política, particularmente contra Jan Topic, excandidato presidencial por Transforma Ecuador e inhabilitado por el Tribunal Contencioso Electoral en noviembre de 2024 para las elecciones de 2025. Topic, empresario ligado al grupo Telconet, fue acusado de conflictos de interés por contratos de su familia con sistemas de fotorradares y vigilancia.
En septiembre de 2024, se reveló que consorcios vinculados a Telconet —como SERVIECU y otros— participaron en convenios para operar fotorradares a nivel nacional, incluyendo extensiones en Manta desde 2017. Opositores y el gobierno de Daniel Noboa utilizaron estas revelaciones para cuestionar su integridad, presentándolo como beneficiario de un «negociado» millonario con multas. La alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, señaló directamente a Topic como cabeza de contratos polémicos.
Topic defendió su trayectoria empresarial y negó irregularidades, pero la narrativa lo asoció al correísmo y a esquemas de recaudación abusiva. En 2025-2026, exfuncionarios y críticos continuaron usando el tema de los fotorradares para erosionar su imagen, incluso después de su inhabilitación. El caso ejemplifica cómo estos dispositivos trascendieron la seguridad vial para integrarse en disputas electorales y descrédito político en Ecuador.
Clausura Actual de los Fotorradares en Ecuador
Desde septiembre de 2024, el gobierno de Daniel Noboa inició una clausura masiva de fotorradares en Ecuador. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y la CTE suspendieron inicialmente 183 dispositivos de la CTE por falencias técnicas, mala calibración y colocación en zonas de alto riesgo sin justificación preventiva. De estos, 70 se apagaron en agosto de 2024, y el resto siguió en los meses siguientes.
En enero de 2025, se clausuraron más de 30 adicionales en los primeros 20 días, incluyendo 11 en Daule. Para mediados de 2025, la suspensión alcanzó alrededor de 300 equipos en carreteras estatales y provinciales. El ministro Roberto Luque enfatizó que los fotorradares «están para cuidarte, no para multarte», y se invalidaron multas emitidas por dispositivos no homologados o clausurados.Municipios y GAD tipo B resistieron, alegando autonomía, pero la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) respaldó la medida central. En marzo de 2026, la gran mayoría de fotorradares viales tradicionales permanecen inactivos o suspendidos, con excepciones como radares educativos instalados en Quito (por ejemplo, en la Av. Simón Bolívar y Ruta Viva desde enero de 2026), que solo registran datos preventivos sin imponer multas.
Esta clausura coincidió con un aumento de muertes viales: entre enero y noviembre de 2025 se reportaron 2.144 fallecidos en rutas, un incremento atribuido parcialmente a la falta de control de velocidad, aunque expertos señalan múltiples causas.
Perspectivas Futuras para los Fotorradares en Ecuador
En marzo de 2026, el panorama de los fotorradares en Ecuador es mixto. Autoridades y organizaciones como la Coalición por la Movilidad Segura abogan por su reactivación gradual, pero con enfoque estrictamente preventivo: calibración certificada, colocación en zonas de alto riesgo comprobado y énfasis en educación vial en lugar de recaudación.
Se discuten radares «inteligentes» con tecnología avanzada para evitar abusos, similares a modelos en otros países. Algunos GAD exploran sistemas locales educativos, mientras gremios de transporte exigen que cualquier regreso incluya transparencia contractual y eliminación de fines lucrativos.
Expertos predicen que, si se implementan reformas —como homologaciones estrictas y auditorías independientes—, podrían volver en 2026-2027 en vías críticas. De lo contrario, la suspensión podría prolongarse, priorizando campañas de concientización y mejoras en infraestructura vial. Los fotorradares en Ecuador siguen simbolizando el delicado equilibrio entre seguridad, economía ciudadana y confianza en las instituciones.