La seguridad interna de Ecuador enfrenta una nueva sacudida informativa este marzo de 2026. La reciente exposición de evidencias que vinculan a miembros activos de la Policía Nacional con el entorno del fallecido narcotraficante Carlos Kada ha reabierto un debate profundo sobre la penetración del crimen organizado en las instituciones encargadas de combatirlo.
El detonante
En una reciente entrega informativa, el periodista Anderson Boscán sacó a la luz material que, según su denuncia, habría permanecido en manos de las autoridades sin generar acciones correctivas inmediatas. El punto más crítico es una fotografía tipo «selfie» hallada en uno de los teléfonos de Carlos Kada (asesinado en enero de 2023).
En la imagen aparecen cuatro uniformados en servicio activo posando junto a bloques de droga. Según las denuncias presentadas, la fotografía no fue un reporte para el alto mando, sino una comunicación directa enviada a Kada para confirmar la «gestión» de un cargamento.
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Oficiales bajo sospecha y unidades de élite
La información revelada señala directamente a oficiales que pertenecen o pertenecieron a la Unidad Nacional de Investigación Transnacional (UNIDT), una división de élite que trabaja estrechamente con agencias internacionales. Entre los nombres mencionados en los debates actuales figuran:
- Mayor Luis N.: Identificado presuntamente como quien capturó la imagen.
- Teniente Paúl A.: Vinculado a la comunicación directa con la estructura criminal.
Estas revelaciones sugieren que Kada no solo contaba con protección física, sino que tenía acceso a los informes con los que la Policía delineaba quiénes eran sus colaboradores y qué pasos daría la Fiscalía en su contra.
Debate sobre la inacción institucional
El debate en la opinión pública y en la Asamblea Nacional se centra ahora en la respuesta del alto mando policial. Las denuncias subrayan una presunta «inacción» ante informes internos que ya detallarían estos nombres desde hace meses.
Mientras los medios locales han reportado diversos operativos de depuración durante 2025, la persistencia de estos nexos en unidades estratégicas pone en duda la eficacia de los controles de confianza. Para este 2026, el Gobierno enfrenta la presión de acelerar la implementación de pruebas de polígrafo periódicas y auditorías patrimoniales obligatorias para evitar que las fuerzas de seguridad sigan siendo «proveedores» de información o logística para el narcotráfico.
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