A las 05:00 de este lunes 30 de marzo, Ecuador puso fin a la restricción de movilidad nocturna que rigió durante dos semanas en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. La medida, oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 329, buscó frenar la escalada de violencia en las zonas que concentran más del 50% de los homicidios del país.
El balance: Resultados de la «ofensiva estatal»
De acuerdo con el informe preliminar del Ministerio del Interior, liderado por John Reimberg, la intervención conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dejó cifras contundentes:
- Aprehendidos: 2.089 personas en total (1.283 detenidas por la Policía y 806 por las Fuerzas Armadas).
- Objetivos Militares: Se logró impactar a 47 objetivos militares de alto valor y capturar a criminales priorizados.
- Decomisos: Las autoridades incautaron 707 armas (blancas y de fuego), más de 5.000 municiones, 5.401 explosivos y aproximadamente USD 25.613 en efectivo.
- Movilidad: Se retuvieron o recuperaron 207 motocicletas y 107 vehículos.
- Golpe a economías ilegales: A escala nacional, se destruyeron 256 bocaminas de minería ilegal, se incautaron 32 dragas y se inhabilitaron seis pistas clandestinas.
¿Por qué se aplicó esta medida?
El presidente Daniel Noboa justificó la implementación del toque de queda (de 23:00 a 05:00) señalando que el 40% de los asesinatos en Ecuador ocurren durante la madrugada. La estrategia fue diseñada como una «fase adicional» de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, contando con asesoramiento de inteligencia de Estados Unidos.
El objetivo central no fue solo la reducción de muertes violentas, sino permitir que las fuerzas del orden realizaran allanamientos y controles territoriales sin «víctimas colaterales» civiles en las calles, enfocándose en los barrios con mayores índices de peligrosidad como Nueva Prosperina en Guayaquil.
¿Qué pasará ahora?
Aunque la restricción de movilidad terminó, el ministro Reimberg aclaró que los operativos regulares continuarán en las provincias intervenidas. Las autoridades evaluarán en los próximos días si la migración del delito a otras franjas horarias requiere nuevos ajustes en la estrategia de seguridad nacional.
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