Tras la detención de la influencer y médica Diana Carolina Gonzáles Arreaga en Machala, nuevos detalles han surgido durante la audiencia de formulación de cargos. La joven de 27 años, procesada por el presunto delito de extorsión, sostiene que su implicación en el caso respondería a un engaño por parte de un conocido.

La instrucción fiscal durará 30 días, tiempo en el que se determinará el grado de participación de las tres mujeres detenidas en Machala / Foto: Instagram @dianacarolina_gonzalez
La instrucción fiscal durará 30 días, tiempo en el que se determinará el grado de participación de las tres mujeres detenidas en Machala / Foto: Instagram @dianacarolina_gonzalez

La versión de la procesada Según reportó el medio local Diario Correo, Gonzáles afirmó durante la diligencia judicial que desconocía el uso de su nombre y dirección para el retiro de encomiendas relacionadas con el ilícito. La procesada relató que conoció a través de Instagram a un ciudadano identificado como Kenny Ariel O., quien ocasionalmente viajaba desde Guayaquil para visitarla y a quien consideraba un amigo.

¿Muñeca de la mafia? Influencer Diana Carolina Gonzales detenida por presunta extorsión en Machala

De acuerdo con la información recogida por Machala Móvil, la influencer explicó que la noche del miércoles 11 de marzo se dirigía a un gimnasio en el centro comercial La Piazza cuando fue interceptada por los agentes. Su defensa técnica subrayó que Gonzales fue aprehendida en un punto distinto al de las otras dos implicadas, Dayana M. y Karen Q., y que no existen registros de mensajes extorsivos enviados desde sus dispositivos personales.

Pruebas de descargo y situación legal Para sustentar su arraigo, la defensa presentó documentos que acreditan su profesión como médica, su registro en el RUC y contratos de arrendamiento. Asimismo, se expuso que la joven es el sustento y cuidadora de su madre, quien padece de una enfermedad renal crónica.

Pese a estos argumentos, las autoridades judiciales dictaron prisión preventiva por 30 días mientras dure la instrucción fiscal. Durante este periodo, la Fiscalía profundizará en las peritajes de los teléfonos incautados para determinar si existe o no vinculación directa con el grupo delictivo que exigía la suma de $6.000 a una comerciante orense.

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