La Corte Constitucional declaró este 10 de marzo de 2026 que Josué, Ismael, Steven y Nehemías, los cuatro niños del caso Las Malvinas, fueron víctimas de desaparición forzada. Con la sentencia 1732-25-EP/26, el organismo aceptó una acción extraordinaria de protección contra el fallo de apelación que había negado un hábeas corpus presentado por sus familias.
En su fallo, la Corte concluyó que los menores fueron privados de la libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares. También determinó que el Estado no entregó información inmediata, suficiente ni convincente sobre la aprehensión ni sobre el paradero de los niños. Con esos elementos, declaró que fueron víctimas de desaparición forzada en el ámbito constitucional.
La sentencia también señala que las autoridades judiciales vulneraron el debido proceso, porque no analizaron de forma completa la detención denunciada ni respondieron a puntos clave planteados por los accionantes. Por eso, la Corte dejó sin efecto la decisión de apelación que había negado el hábeas corpus presentado en favor de los cuatro niños.
Además, la Corte fue enfática en un punto: ni en contextos de seguridad ni en estados de excepción pueden suspenderse los derechos a la vida y a la integridad personal. El fallo recuerda que esa obligación es todavía más fuerte cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, que tienen una protección reforzada por parte del Estado.
Medidas de reparación integral
La Corte no solo declaró la desaparición forzada. También ordenó varias medidas para reparar a las familias, reconocer la responsabilidad estatal y evitar que un hecho así vuelva a repetirse.
Disculpas públicas del Estado
La sentencia dispone un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpas. Ese acto deberá ser encabezado por el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en el lugar que definan los familiares y con difusión nacional. La Corte incluso fijó el texto base con el que el Estado deberá reconocer, con “vergüenza y dolor”, su responsabilidad por este hecho.
Reparación económica
El fallo ordena que el Ministerio de Defensa pague USD 10.000 por cada uno de los cuatro niños por daño inmaterial. También se establece una reparación adicional de USD 5.000 por cada núcleo familiar afectado, como parte de las medidas económicas de resarcimiento.
Memoria histórica
La Corte dispuso medidas simbólicas para preservar la memoria del caso. Entre ellas, la incorporación del caso en el Museo de la Memoria, la recuperación de un espacio público en Guayaquil destinado a niñas, niños y adolescentes, y la declaración del 8 de diciembre como día de conmemoración nacional en memoria de los cuatro niños. También se plantean actos anuales para honrar su recuerdo.
Atención en salud para las familias
El Ministerio de Salud Pública deberá brindar atención psicológica, psiquiátrica y médica gratuita, adecuada y permanente a los familiares de las víctimas. La medida cubre a su entorno cercano y busca responder al daño emocional causado por el caso.
Garantías de no repetición
La sentencia ordena además cambios institucionales. Entre ellos, nuevos protocolos para regular la subordinación de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en aprehensiones, con reglas específicas cuando haya menores de edad. También pide actualizar los protocolos de investigación en casos de desaparición forzada.
Un fallo que llega después de condenas penales
La decisión de la Corte se suma a lo ocurrido en la justicia ordinaria. En diciembre de 2025, un tribunal condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión por la desaparición forzada de los cuatro menores. La sentencia constitucional no reemplaza esa condena penal, pero sí fija la responsabilidad del Estado en el plano de derechos y reparación.
El caso que conmocionó al país
El caso Las Malvinas sacudió a Ecuador desde diciembre de 2024. Los cuatro niños fueron detenidos la noche del 8 de diciembre en el sur de Guayaquil por patrullas militares. Días después, sus restos fueron encontrados calcinados en una zona de Taura, en Guayas. Desde entonces, el caso se convirtió en un símbolo de dolor, abuso estatal y lucha de las familias por verdad y justicia.
Con este fallo, la Corte deja una conclusión de fondo: el Estado falló en proteger a Josué, Ismael, Steven y Nehemías. Ahora deberá reconocerlo públicamente, reparar a sus familias y adoptar medidas para que un hecho así no vuelva a repetirse.