La situación jurídica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se agravó este domingo 8 de marzo de 2026. Durante la reinstalación de la audiencia de juicio en el Complejo Judicial Norte de Quito, un Tribunal acogió el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva contra el burgomaestre en el marco del Caso Triple A.

Incumplimiento de medidas y retiro del grillete

La decisión del tribunal, presidido por el juez Jorge Sánchez, se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía que demuestran que el procesado violentó y se retiró el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) que portaba como medida alternativa.

Ante este acto calificado como «rebelde» por el magistrado, se revocaron las medidas de presentación periódica y prohibición de salida del país, ordenando su encarcelamiento inmediato para asegurar su presencia en las etapas finales del proceso. Cabe recordar que Álvarez ya se encuentra recluido en el Centro de Privación de Libertad de Latacunga por una orden previa dictada en el Caso Goleada.

Inicia la etapa de juicio

Tras resolver las medidas cautelares, el Tribunal declaró formalmente instalada la audiencia de juicio contra Aquiles Álvarez, otros 15 ciudadanos y 6 personas jurídicas (empresas).

En su alegato de apertura, la Fiscalía ratificó su acusación:

  • El Delito: Comercialización ilegal de combustibles (Art. 264 del COIP).
  • La Tesis: El alcalde es señalado como autor directo de un esquema que utilizaba las empresas familiares Copedesa y Corpalubri para desviar y comercializar combustible subsidiado de forma ilícita, generando un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano.

Empresas implicadas

Además de las personas naturales, el juicio vincula directamente a empresas que habrían servido como fachada o vehículos para el movimiento del combustible. La Fiscalía sostiene que los volúmenes de venta reportados no coinciden con los despachos autorizados por las entidades de control de hidrocarburos.

La audiencia continuará con la presentación de las pruebas testimoniales y periciales de carga, en un proceso que mantiene en vilo a la administración municipal de Guayaquil.

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