La Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal de Garantías Penales que declare culpable al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otros procesados dentro del caso Triple A, relacionado con una presunta red de comercialización ilegal de hidrocarburos.
El pedido fue presentado este domingo 2 de agosto de 2026, durante los alegatos finales del juicio que se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito.
De acuerdo con la tesis de la entidad acusadora, las pruebas presentadas durante la audiencia demostrarían que personas naturales y empresas participaron en operaciones relacionadas con la gestión, coordinación, declaración, pago y aprovechamiento económico de combustibles subsidiados.
La solicitud de Fiscalía todavía no constituye una sentencia. El tribunal deberá valorar las pruebas, los argumentos de la acusación y los alegatos de las defensas antes de emitir una resolución.
Fiscalía sostiene que existió una operación coordinada
Durante su alegato de clausura, la Fiscalía afirmó que los acusados habrían intervenido de forma consciente y coordinada en diferentes etapas de la cadena de comercialización de combustibles.
Según la acusación, las operaciones investigadas permitieron aprovechar económicamente un subsidio estatal creado para beneficiar a la población ecuatoriana y no a determinados grupos empresariales.
La entidad sostuvo que los procesados conocían las restricciones que regulan los segmentos automotor, industrial y naviero, así como los destinos autorizados para cada tipo de combustible.
Pese a esas disposiciones, presuntamente se habrían realizado ventas o desvíos hacia actividades y sectores que no estaban autorizados para recibir el producto.
¿Por qué los hidrocarburos cuentan con protección estatal?
La Fiscalía fundamentó parte de su acusación en las disposiciones constitucionales que ubican a los recursos naturales no renovables y a las actividades hidrocarburíferas entre los sectores estratégicos administrados por el Estado.
Según su argumento, la protección penal de estos recursos no se limita al posible perjuicio económico. También busca garantizar el abastecimiento nacional, la seguridad energética, la sostenibilidad de los recursos y la conservación del patrimonio público.
En ese contexto, la entidad señaló que las autorizaciones emitidas por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) determinan los segmentos y actividades en los que puede distribuirse cada combustible.
Acusación sostiene que hubo dolo
La Fiscalía argumentó que las operaciones investigadas no habrían sido producto de desconocimiento o errores administrativos.
A criterio de la entidad, los procesados conocían los límites de las autorizaciones y, pese a ello, habrían decidido comercializar los combustibles fuera de los segmentos permitidos.
Con este argumento, la acusación busca demostrar el elemento subjetivo del delito: que las acciones se ejecutaron de forma consciente y voluntaria.
Fiscalía solicita condenas para personas y empresas
Al finalizar su intervención, la Fiscalía pidió que se aplique la pena máxima correspondiente al delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, contemplado en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Aquiles Álvarez figura entre las personas acusadas por la Fiscalía como presuntos autores directos. El proceso continúa contra 15 personas naturales, después de que el juicio contra uno de los inicialmente convocados fuera suspendido al ser declarado prófugo.
La entidad también solicitó que se declare la responsabilidad penal de las seis personas jurídicas procesadas:
- Fuelcorp
- Copedesa
- Corpalubri
- Ternape Petroleum
- Indudiesel
- Harsajudi S. A.
El tribunal escuchará los alegatos correspondientes antes de anunciar su decisión. Hasta que exista una sentencia ejecutoriada, las personas y compañías procesadas mantienen su estado de inocencia.