La audiencia de juicio del caso Triple A volvió a tomar fuerza este sábado 7 de marzo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito.
Antes de instalar formalmente el juicio, la Fiscalía pidió al tribunal que cambie las medidas cautelares del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y dicte prisión preventiva dentro de este proceso. Por esa decisión pendiente, el inicio del juicio quedó postergado para este domingo 8 de marzo a las 08:30.
El pedido fue presentado por la fiscal Ruth Amoroso, quien sostuvo que Álvarez habría incumplido la orden judicial de usar un grillete electrónico. Según la Fiscalía, el sistema de control del dispositivo registró miles de novedades desde que se impuso esa medida.
Entre ellas constan 33 alertas de “dispositivo retirado”, más de 1.500 alertas por pérdida de señal u offline, 128 salidas de zona de umbral y cinco salidas ilegales.
La defensa de Álvarez rechazó esa versión. Durante la audiencia, el alcalde intervino por Zoom y dijo que nunca manipuló el dispositivo. Sostuvo que muchas alertas se produjeron por las características de los lugares a los que debe asistir por su trabajo como alcalde. También afirmó que su vivienda ya había sido identificada por técnicos del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) como un punto con mala señal, por lo que, según él, eso explicaría varias de las desconexiones registradas.
¿Cómo operaba la presunta estructura del caso Triple A?
El punto de fondo del proceso es otro. El caso Triple A investiga una presunta comercialización ilegal de combustibles subsidiados. La tesis de la Fiscalía es que varias empresas habrían comprado grandes volúmenes de diésel y gasolinas a precios subsidiados y luego habrían desviado ese producto hacia segmentos no autorizados, como el naviero e industrial, en lugar de venderlo al sector automotriz. Primicias reportó que, según la acusación fiscal, el perjuicio al Estado bordea entre USD 61 millones y cifras mayores según otras etapas del expediente.
En este juicio no solo está procesado Álvarez. También enfrentan cargos 15 personas naturales más y seis empresas, por un presunto delito vinculado al manejo y comercialización ilegal de derivados de petróleo a gran escala. El tribunal que conoce la causa ya había fijado el arranque del juicio para el 7 de marzo, luego de suspensiones previas entre diciembre de 2025 y enero de 2026.
La situación judicial de Álvarez se complica porque este pedido de prisión preventiva en el caso Triple A llega mientras ya cumple una medida similar en el caso Goleada. En ese otro proceso, un juez ordenó su prisión preventiva en febrero de 2026 por una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Fiscalía sostiene que ambos expedientes están relacionados con operaciones irregulares en el negocio de combustibles, aunque son causas distintas.
La decisión del tribunal sobre el nuevo pedido de Fiscalía se conocerá este domingo 8 de marzo. Si los jueces aceptan el pedido, Álvarez quedará también con prisión preventiva dentro del caso Triple A mientras avanza la etapa de juzgamiento.
Si no lo aceptan, seguirá vigente la discusión sobre si hubo o no incumplimiento del uso del grillete.
Lo que sí está claro es que el caso vuelve a poner bajo presión política y judicial al alcalde de Guayaquil, justo cuando debe arrancar un juicio por un presunto millonario desvío de combustibles subsidiados.