La Fiscalía investiga el caso Goleada, un presunto plan que habría usado diésel subsidiado para obtener ganancias y luego “blanquear” el dinero con movimientos entre empresas. El caso se habría descubierto tras una denuncia reservada (entregada en “sobre cerrado”), el análisis de chats y el aporte de un cooperador eficaz, que abrió la puerta a allanamientos y nuevas versiones de testigos dentro del expediente.

En los documentos y coberturas del proceso se menciona como procesados a Aquiles Álvarez (alcalde de Guayaquil) y a sus hermanos Antonio Álvarez Henriques y Xavier Álvarez Henriques, además de otros funcionarios y personas vinculadas a empresas investigadas.

¿Cómo se habría dado el delito, según la Fiscalía?

La hipótesis fiscal sostiene que el grupo habría operado con diésel subsidiado (combustible más barato por el subsidio estatal) para luego venderlo en condiciones que generaban ganancias como si fuera a precio de mercado. En esa explicación se menciona a la empresa Terminal Naviero Petrolero (Ternape) y su relación con ventas a navieras internacionales.

En otra parte del expediente también se menciona la utilización de varias empresas (por ejemplo Gasquil, Gasgrupco y Ternape) y un mecanismo para “no levantar alertas” cambiando documentos de traslado: las guías de remisión (el papel que justifica el transporte de mercadería).

La ruta del dinero

Según lo expuesto en audiencia, Ternape habría registrado una deuda de USD 2,7 millones con Flota Naviera Petrolera (Flonape Overseas) (registrada en Panamá), y Fiscalía sostiene que esa estructura se usó para mover dinero como si fuera una obligación entre compañías.

En ese relato se detalla que la deuda se “cedió” a los propios hermanos: USD 800.000 a favor de Aquiles Álvarez y USD 1,9 millones a favor de Antonio Álvarez. Luego, siempre según Fiscalía, en vez de cobrar, se habría convertido en aumento de capital, es decir, el dinero terminó entrando como inversión “formal” dentro de la empresa.

La denuncia “en sobre cerrado” y los testigos

El expediente describe que el caso se habría activado con una denuncia presentada de forma reservada (“en sobre cerrado”) y la entrega de dispositivos con información que luego se sometió a análisis técnico. Esa línea llevó a pedidos de allanamientos y detenciones.

Aquí hay tres puntos importantes:

  • Cooperador eficaz: la investigación se apoya en información aportada por un cooperador (su identidad suele mantenerse reservada en esta etapa).
  • José Ricardo Avellán: se menciona como un procesado vinculado al caso Triple A cuya versión se usa como elemento central para sustentar la formulación de cargos en caso Goleada, según el detalle difundido.
  • Escrito de un exempleado (mencionado en el expediente): aparece como parte del contexto sobre cómo se habrían dado órdenes y movimientos internos (sin que eso, por sí solo, signifique sentencia).

En el listado difundido se incluye, entre otros, a: Carlos Asanza (Terminal Terrestre), Pablo Pita Rendón (Autoridad Aeroportuaria), David Alvarez Kronfle (primo) y César Emilio Bravo Ibáñez (representante legal de Fuelcorp), además de otros nombres y personas identificadas con iniciales

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