La Policía Nacional detuvo a la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, y a otras 12 personas durante la denominada Operación Digitador, ejecutada la madrugada de este 25 de junio de 2026 en tres cantones de Manabí.
La intervención forma parte de una investigación por presunta delincuencia organizada relacionada con la emisión irregular de documentos de tránsito vehicular en Jipijapa, Bolívar —cuya cabecera cantonal es Calceta— y San Vicente.
Según la información difundida por las autoridades, la organización habría estado integrada por funcionarios vinculados con las áreas de movilidad, matriculación y revisión técnica vehicular, además de tramitadores externos.
¿Cómo habría operado la presunta red?
La investigación sostiene que los implicados presuntamente cobraban entre USD 100 y USD 150 por cada trámite para evitar requisitos legales y técnicos.
Los pagos habrían permitido gestionar de manera irregular documentos como:
- Matrículas vehiculares.
- Revisiones técnicas.
- Licencias de conducir.
- Traspasos de dominio.
Mientras algunos usuarios pagaban para acelerar sus trámites, quienes acudían por la vía regular habrían enfrentado retrasos y la conocida respuesta: “no hay sistema”.
Las autoridades investigan si esa frase era utilizada para obstaculizar la atención ordinaria y favorecer la intermediación de funcionarios y tramitadores vinculados con la estructura.
Ángela Plúa, señalada como presunta cabecilla
Entre las 13 personas detenidas se encuentra Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, a quien las autoridades identificaron como la presunta líder de la organización investigada.
También fueron aprehendidos funcionarios y exfuncionarios relacionados con la Corporación de Servicios Municipales, las áreas de Movilidad, Matriculación y Revisión Técnica Vehicular, así como técnicos, digitadores y tramitadores.
La condición de detenidos no implica una declaración de culpabilidad. La responsabilidad individual de cada investigado deberá ser determinada por las autoridades judiciales durante el proceso.
Investigación comenzó tras una denuncia ciudadana
Las indagaciones comenzaron en agosto de 2025, luego de una denuncia presentada mediante la línea 1800 DELITO.
De acuerdo con los resultados preliminares, la presunta estructura habría ocasionado un perjuicio superior a USD 5 millones al Estado.
Los investigadores también detectaron movimientos financieros que no guardarían relación con los ingresos declarados por la principal investigada. El reporte menciona más de USD 2,6 millones sin justificación aparente, dato que deberá ser contrastado mediante las respectivas pericias financieras.
Policía ejecutó 18 allanamientos en Manabí
La Operación Digitador incluyó 18 allanamientos simultáneos:
- 13 en domicilios.
- Cinco en instituciones públicas.
Entre las entidades intervenidas constan:
- Gobierno Autónomo Descentralizado de Jipijapa.
- Corporación de Servicios Públicos Municipales de Jipijapa EP.
- Autoridad de Tránsito y Movilidad de Jipijapa.
- Centro de Revisión Municipal de Calceta.
- Centro de Revisión Técnica Vehicular de San Vicente.
Durante los procedimientos, los agentes incautaron teléfonos celulares, una tableta, computadoras, dispositivos de almacenamiento, chips telefónicos y dinero en efectivo.
Estos elementos fueron ingresados como indicios y serán sometidos a pericias para determinar su relación con los hechos investigados.
El caso pasa a instancias judiciales
Tras las detenciones, corresponde a la Fiscalía presentar los elementos recopilados y solicitar las medidas que considere pertinentes ante un juez.
La investigación deberá establecer cómo se realizaban los trámites, quiénes recibían los pagos, qué documentos fueron emitidos de forma irregular y cuál fue el perjuicio económico real ocasionado al Estado.